
JOSÉ DAVID GÓMEZ-LNP. Se llama Masha Taitelbaum Yoselewicz, conocida también como Ofelia Taitelbaum. Bióloga, empresaria y política costarricense. Sus 75 años de edad la clasifican como una adulta mayor y sobre ella pesa una condena de siete años y medio de cárcel por utilizar documentos falsos en reiteradas ocasiones con la finalidad de evadir impuestos.
Fue llevada a juicio a partir de que la cobertura periodística de Marcela Delgado del canal 9, diera pie a una investigación que rebeló que la entonces funcionaria pública había utilizado la identidad de una empleada doméstica a su servicio para realizar maniobras en dependencias gubernamentales orientadas a la evasión de impuestos.
La señora Teitelbaum había registrado a su empleada doméstica María de los Ángeles Otárola —sin conocimiento de ésta— como consultora de BEYOF, de la cual ella (Masha Teitelbaum) era socia.
LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES
Masha Taitelbaum fue viceministra de la Vivienda y Asentamientos Humanos de 1986 a 1990, diputada por el partido Liberación Nacional del 2006 al 2010 y Defensora de los Habitantes entre 2009 y 2014.
La Defensoría de los Habitantes es un organismo creado en 1992 y entró en vigencia en marzo de 1993. Su misión es velar por los derechos e intereses de los habitantes de la república.
Taitelbaum fue acusada de cometer treinta y dos delitos relacionados con falsificación de documentos y coacción. El 29 de agosto de 2019 fue sentenciada a noventa y seis años de prisión, que se readecuaron a nueve y finalmente a siete años y medio.
El abogado defensor apeló la sentencia lo cual dio inicio a un proceso legal que retrasó por más de 4 años la aplicación de la pena. Esto ha despertado reacciones adversas de grandes sectores de la sociedad costarricense que dudan de la idoneidad de su sistema de justicia.
EL TOMA Y DACA DE LOS FORCEJEOS LEGALES
Hay quienes afirman que el Sistema Judicial actúa selectivamente al aplicar justicia inmediata, en algunos casos, y de manera tardada y negligente en otros, generándose con esto sospechas de que el sistema suele aplicar distinto racero a los ciudadanos que deberían ser iguales ante la ley.
En el caso de la señora Taitelbaum los voceros del Sistema alegan que ella —como cualquier ciudadano— está facultada por la ley para emplear distintos mecanismos legales en su defensa, pero que una vez agotados el tiempo y los mecanismos legales disponibles, deberá cumplir la condena establecida por el Tribunal.
Masha Taitelbaum Yoselewicz vio agotados todos los recursos legales a que la ley le da derecho y finalmente, fue detenida El 24 de octubre del 2024 e ingresada al reclusorio «Vilma Curling» donde purgará su condena.
Las leyes costarricenses no contemplan que, por motivos de edad, los ciudadanos culpables y condenados por algún delito puedan cumplir su condena bajo la modalidad de casa por cárcel. Eso sólo se reserva a quienes padezcan una enfermedad incurable en etapa terminal. Esto significa que Masha u Ofelia Taitelbaum Yoselewicz tendrá que pasar siete años y medio tras las rejas.
LA COSTURERITA QUE DIO AQUEL BOMBAZO
María de Los Ángeles Otárola es la costurera cuyo nombre fue utilizado por la señora Masha Taitelbaum para usarla, sin su consentimiento, en trámites que le permitirían ahorrar dinero.
Afirma la señora Otárola que al intentar solicitar su ingreso como beneficiaria a un seguro familiar fue notificada de que aparecía en el sistema como una persona con ingresos por honorarios y que no había pagado una cantidad que en tales casos hay que pagar al Estado.
Esto generó un escándalo, pues la señora Otárola interpuso denuncia en las instancias correspondientes contra la Taitelbaum. Hubo voces que pusieron en duda las intenciones de la señora Otárola y su participación en el asunto y que detrás de ella hay personas interesadas en sacar réditos políticos al caso, y que la asesoran adversarios políticos de Masha Taitelbaum.
Sea cual sea el móvil de la María de los Ángeles Otárola, está en su derecho de aclarar lo referente a su persona y el uso indebido de su identidad.
LAS ENSEÑANZAS DE LOS TICOS
Del caso Taitelbaum se desprenden elementos que arrojan luz sobre el funcionamiento de las instituciones en un país que ha logrado avanzar en la construcción de un sistema que, si bien no es ni será nunca perfecto, supera en lo que respecta a democracia, a sus vecinos de la región, sobre todo a Nicaragua.
En Costa Rica existen, por supuesto que sí, problemas de corrupción, tráfico de influencias, problemas que generan políticos que se aprovechan de sus cargos para defraudar al Estado y a la sociedad por cuyos intereses están —legal y moralmente— obligados a velar.
El Estado no debe ejercer venganza sino aplicar justicia, no debe tratar con saña a los ciudadanos que incurren en la comisión de delitos, pero está ineludiblemente obligado a hacer cumplir la ley. Esa ley que manda perseguir a los infractores, pero que, a la vez, exige respetar el derecho de todo ciudadano a defenderse en un juicio ajustado a derecho.
El Estado debe alejarse de toda intención y práctica de utilizar la ley como arma política para perseguir a sus críticos y opositores, contaminando criminalmente su tarea de administrar justica.
El caso Taitelbaum, como muchos otros viene a poner en el tapete la diferencia entre un estado con un ordenamiento y esencia democráticos y los estados autoritarios en los que no existe la independencia de poderes ni la autonomía de instituciones cuya razón de ser es precisamente el ser autónomos.
Esta protección del ciudadano ante los funcionarios que se amparan en la autoridad que los enviste para cometer todo tipo de tropelías, esta protección ante el Estado mismo y quienes manejan los hilos del Poder, sólo puede existir en la democracia y jamás en los sistemas autoritarios que tarde o temprano derivan en dictaduras y dinastías como es el caso de Nicaragua.