Alonso Mejía-
Este jueves inició el cuarto paro nacional de 24 horas convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en conjunto con la Unidad Azul y Blanco y respaldada por la empresa privada y sectores sociales para exigir al gobierno de Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos y cumpla con los acuerdos firmados en la mesa de negociaciones, tras un año de crisis que vive Nicaragua.
Diversos medios nacionales han reportado que el llamado al paro ha tenido eco en todo el territorio nacional, donde se pueden ver las calles vacías y tiendas y negocios cerrados. Igualmente distintos colegios privados decidieron suspender las clases.
Según los medios, en los mercados y en el centro de las ciudades pocos negocios familiares decidieron sumarse al paro y los que optaron en trabajar, ante la poca clientela, anunciaron que podrían cerrar en la tarde.
En las redes sociales se ha denunciado que los policías toman fotografías de los negocios que se han sumado al paro nacional. «Pese a todo tipo de amenazas del régimen contra empresarios y comerciantes, el paro ha sido un éxito en todo el país», dijo hoy José Pallais, miembro de la Alianza Cívica.

«Pese a todo tipo de amenazas del régimen contra empresarios y comerciantes, el paro ha sido un éxito en todo el país», dijo José Pallais, miembro de la Alianza Cívica. (Foto El Nuevo Diario).
Bancos abrieron bajo amenaza de suspensión de licencia
El Superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro, amenazó ayer miércoles a los bancos, financieras y todas las entidades que forman parte del sistema financiero de Nicaragua con quitarles su licencia, si se sumaban al paro nacional de 24 horas convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“En base a la ley 561, ley General de bancos (…) me permito hacer de su conocimiento, que de conformidad a lo establecido en dichas leyes, el banco que usted representa, está en la obligación de prestar ininterrumpidamente los servicios de intermediación financiera y de otros servicios con recursos del público (…) Además de lo anterior, debo recordarles que el banco es concesionario de una licencia bancaria que ha sido otorgada por el estado de Nicaragua, la cual debe ser acatada fielmente para beneficio de todos los nicaragüenses”, cita la advertencia a las entidades del sistema financiero nacional, divulgó la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
“Instamos al gobierno que sea facilitador de las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos podamos ejercer libremente nuestros derechos y poder restablecer la vida democrática de Nicaragua”, aseguró Asobanp en su comunicado.
CRISIS LEJOS DE RESOLVERSE
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión de los aparatos policiales y paramilitares afines al gobierno ha aumentado, provocando que el saldo fatal de víctimas se eleve de 150 en junio del 2018 a más de 325 hasta mayo de 2019, siendo la última víctima el ciudadano norteamericano-nicaragüense Eddy Montes, ultimado de un balazo la semana pasada en el centro penitenciario La Modelo de Managua.
La crisis económica se ha acentuado debido a las reformas económicas tributaria y de la Seguridad Social, que han golpeado a la empresa privada y a los hogares nicaragüenses, y ha elevado el desempleo en uno de los países más pobres de América Latina.
El conflicto comenzó con una protesta por las reformas al Seguro Social en 2018, pero desembocó en una masiva protesta nacional para pedir a la pareja presidencial de Daneil Ortega (presidente) y su mujer Rosario Murillo (vicepresidenta) que dejen el poder y que hayan adelantos de elecciones.
Según el economista Alejandro Aráuz, entrevistado por La Prensa, para que un paro nacional tenga un verdadero impacto económico se requeriría “que sectores tan claves como transporte y sindicalistas de salud y educación se unan a la causa, algo que hasta ahora no ha sido posible conseguir, debido a que el régimen tiene a ambos grupos a su favor”.
Para Murillo un verdadero paro nacional se vio en Nicaragua por última vez durante los últimos días de la dictadura de Somoza a finales de los años setenta, cuando durante casi un mes se paralizó el transporte, los servicios básicos, el sistema financiero y otros servicios.
Aunque el caso actual no es comparable con los paros que se hicieron contra la dictadura de Somoza, Murillo expresóque el régimen ha reaccionado con amenazas ante el temor de que el llamado comience a calar entre los otros sectores y se le salga de control la situación.
Hasta ahora, al menos diez cámaras empresariales de las más de 20 que tiene el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se han sumado al paro nacional.






