Alonso Mejía-LNP. El doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), rechazó el pasado lunes las amenazas del vocero del Ejército de Nicaragua, coronel de Infantería Álvaro Francisco Rivas Castillo, en contra de los defensores de Derechos Humanos, y denunció mediante un comunicado de prensa del organismo humanitario, que la institución castrense mantiene absoluta sumisión al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El pasado jueves 20 de agosto el militar acusó durante una conferencia de prensa a dos jóvenes capturados en la frontera con Costa Rica de haber cometido delitos comunes, pero también manifestó: “Nos llama la atención de organizaciones que nos hacen señalamientos sobre esta captura. Tienen que tener mucho cuidado en el sentido que resulta altamente sospechoso que están intercediendo por esos delincuentes, así como también las campañas de desprestigio tratando de desvirtuar nuestro trabajo”.
El organismo promotor de Derechos Humanos afirmó en su comunicado que la reacción del vocero militar “evidencia el irrespeto del Ejército al principio de presunción de inocencia y de legalidad, y al respeto al debido proceso, consagrados en la Constitución Política del país y en todos los tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado nicaragüense”.
Además, el organismo expresó preocupación por el paradero y condición física de Hader Humberto González Zeledón, conocido como “comandante cero” y Cristian David Meneses Machado, conocido como “El Chino”.
Ambos ciudadanos fueron capturados el pasado sábado 15 de agosto por tropas del Ejército nicaragüense, tras haber ingresado a su país procedentes de Costa Rica, donde se encontraban como solicitantes de refugio político.
El martes 18 de agosto del presente año, la ANPDH denunció las capturas antes mencionadas y expresar su preocupación porque hasta esa fecha no se conocía ninguna versión oficial acerca del paradero de ambos jóvenes.
“Independientemente de si los jóvenes capturados son o no culpables de haber cometido delitos comunes, cosa que en un verdadero Estado de Derecho correspondería decidir a la autoridad judicial competente, los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y jamás perderán el derecho a un trato humanamente digno que les confieren nuestras leyes y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, expresa el comunicado.
La ANPDH recordó “el historial de sangre y muerte” que acompaña el expediente de la mayoría de oficiales sandinistas, “como el genocidio en contra del pueblo misquito en diciembre de 1982”, conocida nacional e internacionalmente como “La Navidad Roja”.
También enfatizó la participación de francotiradores especializados con armas de uso exclusivo del cuerpo castrense en la matanza de jóvenes y niños para reprimir las protestas de abril de 2018 “y las decenas de denuncias por asesinatos de campesinos en zonas rurales del país, principalmente vinculados con la Resistencia Nicaragüense”.
EJÉRCITO SUMISO AL RÉGIMEN
El doctor Álvaro Leiva Sánchez, quien desde el exilio en Costa Rica junto a otros funcionarios de la ANPDH realizan su labor humanitaria con los refugiados nicaragüenses en ese país, afirmó que el Ejército de Nicaragua no tiene ninguna autoridad moral para cuestionar a ninguna de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, ni a sus representantes a quienes también ha hostigado y perseguido desde sus orígenes, dijo.
Además denunció que la institución militar mantiene una absoluta sumisión política al régimen Ortega Murillo, “que usurpa, por su ilegalidad e inconstitucionalidad de origen, el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado”, afirmó.
“La ANPDH desde ya responsabiliza al régimen dictatorial Ortega Murillo, a su ejército, a su policía, a sus paramilitares y matones a su servicio, de cualquier acción contra la integridad física y moral de cualquiera de los defensores de derechos humanos, dentro y fuera de Nicaragua, al tiempo que expresamos ante la comunidad internacional y sus organismos defensores de los Derechos Humanos de esta nueva amenaza”, sostuvo el doctor Leiva.
