El Ministerio de Gobernación de Costa Rica expuso el 11 de octubre ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, una iniciativa para reformar la Ley General de Migración, específicamente las categorías migratorias y los costos de regularización.
Esta es una buena señal para los migrantes nicaragüenses y para las distintas organizaciones promigrantes que desde hace mucho han expresado su preocupación por los altos costos y lo engorroso de la tramitología migratoria. Incluso, en el Legislativo ya existen varios proyectos de reforma a la ley. Lo difícil es que se ponga en agenda.
La Viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz Quesada, quien en distintas ocasiones ha manifestado la necesidad de modificar la actual ley migratoria, dice que a siete años de estar en vigencia, ésta ha demostrado fortalezas, pero también debilidades, por lo que requiere una reforma integral para la atención no solo de flujos migratorios sino también en los costos de los procesos de regularización, la atención de la migración laboral y las categorías migratorias.
En hora buena la pretensión de Gobernación de integrar a la ley la Regularización por Arraigo, es decir, la estadía legal a cientos de personas que ingresaron de forma irregular y tienen años de vivir en Costa Rica, aportando con su trabajo honesto al desarrollo del país.
La Ley especifica que las personas extranjeras pueden obtener cédula de residencia sólo por vínculo familiar; es decir, en matrimonio con costarricenses o tener hijos costarricenses. Otra forma de estar de manera regular es por medio de un permiso laboral, pero en esta categoría solo alcanzan las empleadas de servicio doméstico y los peones agrícolas.
De esta manera, miles de trabajadores inmigrantes están en situación de irregularidad, y por consiguiente, vulnerables a la explotación de sus derechos laborales de parte de muchos empleadores, que ni siquiera los registran en la Caja Costarricense del Seguro Social, evadiendo así sus responsabilidades patronales.
