Alonso Mejía-LNP. El decreto agrícola conocido como CETTSA (Categoría Especial para Trabajadores Temporales del Sector Agropecuario, Agroindustrial o Agroexportador), puesto en vigencia el 16 de junio por el Gobierno de Costa Rica para regularizar a los trabajadores extranjeros con arraigo en el país y que trabajan en estas áreas, vence el próximo 22 de septiembre.
El decreto 42406-MAG-MGP está dirigido a quienes comprueben que ingresaron al país entre el 15 de enero del 2016 y el 15 de enero del 2020. Para aplicar se debe presentar una declaración jurada del patrono que demuestre que tienen un contrato o una oferta de trabajo; los trabajadores por cuenta propia deben tener una certificación del MAG; no tener antecedentes penales en su país de origen ni en Costa Rica; y pagar $60.
Una de las ventajas de este decreto para el trabajador migrante, es que los trámites se pueden hacer aún con documentos vencidos, como la visa del pasaporte o el apostillado de la certificación de nacimiento, entre otros documentos que demuestren el arraigo en el país a partir de enero de 2016.
Otro beneficio es que los costos del trámite disminuyen considerablemente con respecto a los costos que implican los permisos de trabajo normales que emite la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
CITAS CON LLAMADAS AL 13-11
Para iniciar el trámite para la obtención del permiso de trabajo temporal, se debe concertar una cita llamando a la central de llamadas 13-11 de Migración y Extranjería.
Otras de las entidades donde se deberá acudir para solicitar documentos es al Consulado del país de donde es natural el solicitante.
El plazo para hacer el trámite empezó el 22 de junio y se extenderá hasta el 22 de setiembre del 2020. Una vez terminado el plazo de un año, estos permisos temporales se pueden renovar por un año más.
Sin embargo, un trabajo periodístico de Fabiola Pomareda para el Semanario Universidad, refleja que el decreto 42406-MAG-MGP enfrenta cuestionamientos, pues el año pasado se publicó un decreto similar para regularizar a los trabajadores extranjeros que se dedican a recolectar las cosechas agrícolas y hasta julio sólo 22 personas habían solicitado regularizarse, de las cuales 17 eran de migrantes nicaragüenses, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería.
Ese decreto aplicaba solo para los trabajadores del sector agrícola que ingresaron al país entre enero del 2016 y mayo del 2019, a diferencia del actual decreto, que aplica al sector agropecuario, agroindustrial y agroexportador.
Para aplicar había que presentar la certificación de antecedentes penales, un contrato de trabajo firmado por el patrono, una declaración jurada si es trabajador por cuenta propia, y un documento que acredite que está registrado ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Si le aprobaban la solicitud, tenía que pagar $60 y estar asegurado ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
En el marco de la emergencia por el COVID-19, las cámaras agrícolas afirmaron que se necesitaban unas 70 mil personas para las labores de recolección de café, naranja, caña de azúcar, sandía y melón, pero que no hay suficientes trabajadores costarricenses para hacerse cargo de estas tareas.
Por este motivo presionaron para que el Gobierno emitiera un decreto para permitir la regularización de migrantes que entraron al país antes de enero de 2020.
La época de recolección de café empieza en agosto; las cosechas de melón, sandía, caña de azúcar comienzan a fines de noviembre; la de naranja de diciembre a abril; y la de la piña es una actividad permanente.
EL PROBLEMA DEL ASEGURAMIENTO
Gustavo Gatica López, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), explicó al Semanario Universidad que si bien este decreto crea un marco para regularizar la situación migratoria de migrantes que son mano de obra del sector empresarial, la forma en que lo hace deja en desventaja a los trabajadores respecto a las empresas.
El artículo 9 del decreto establece que la persona debe presentar -en caso de ser asalariado-, una declaración jurada de que va a trabajar con determinado empleador, y al indicarse una relación laboral, un requisito implícito es el aseguramiento ante la CCSS, explicó el investigador Gustavo Gatica.
Gatica señaló que ya el decreto del año pasado pretendía la regularización de 40.000 personas del sector agro y era bastante similar al decreto actual; pero no tuvo el impacto deseado porque sugería que el trabajador asumiera la responsabilidad de asegurarse ante la CCSS.
“Ningún patrono tiene estímulos para contratar directamente a los trabajadores, sino que procuran que el trabajador se asegure por su propia cuenta”, dijo Gatica durante el conversatorio “Frontera, migración y pandemia”, organizado por el Programa Kioscos Socioambientales y el Centro de Investigación y Estudios en Política (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Suponiendo que la empresa está pagando el salario mínimo al trabajador agropecuario, de ¢10.620 colones diarios, o ¢318.000 al mes, el aporte del patrono a la CCSS tendría que ser de ¢45.600, que incluye seguro de maternidad y enfermedad, y de invalidez, vejez y muerte (IVM).
Con respecto al impacto del reciente decreto, Gatica indicó que, por la forma en que está planteado, “difícilmente vaya a tener un impacto positivo en la cantidad de personas que se vayan a regularizar porque estos costos de aseguramiento, que son un requisito para obtener la categoría migratoria, en la práctica impedirán que las personas migrantes sigan la ruta de la regularización”.
