Alonso Mejía-LNP. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a través de un comunicado dijo acoger con beneplácito el informe reciente de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde evidencia de que en Nicaragua «persiste la impunidad como política de Estado de los graves crímenes ocurridos en 2018 y que de manera sistemática se siguen cometiendo».
El Colectivo valora el informe como “muy importante para visibilizar la grave situación de derechos humanos que continuamos viviendo los nicaragüenses”.
La representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet, manifestó mediante un boletín especial en enero, que no ve un avance para salir de la crisis sociopolítica en Nicaragua, por lo que reiteró la petición de ingresar al país lo más pronto posible para evaluar la situación sociopolítica.
«Los arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al gobierno continuaron, todos los presuntos casos de tortura mencionados en el informe de 2019 de la Alta Comisionada presentado al Consejo de Derechos Humanos siguen en la impunidad, la OACNUDH siguió recibiendo denuncias de tortura, malos tratos y de denegación de atención de salud oportuna a personas privadas de libertad en el contexto de la crisis, por ello, la OACNUDH reitera al Gobierno la importancia de permitir a la Oficina acceso al país y así poder evaluar su situación in situ», cita el boletín especial.
Debido al profundo deterioro de los DDHH en Nicaragua, desde 2019 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU otorgó un mandato específico mediante resolución a la Alta Comisionada, en la que orienta el monitoreo y seguimiento de la situación del país.
“El mandato se realiza de manera remota debido a que el gobierno expulsó en 2018 a todos los organismos internacionales de Derechos Humanos y no ha permitido su ingreso para el monitoreo de la gravísima situación que vivimos los nicaragüenses desde ese año”, advirtió el Colectivo.
Este mandato se renovó en 2020 debido a la persistencia de las violaciones de derechos humanos y seguramente será renovado en 2021 en el marco de la sesión del órgano de las Naciones Unidas.
“La Alta Comisionada se une al concierto internacional en las demandas de reformas electorales para garantizar elecciones justas y transparentes, el problema es que el tiempo se acaba. El gobierno no da signo alguno (para) salir de esta crisis de cara al restablecimiento de los derechos de los nicaragüenses y la implementación de acciones que permitan el retorno de la democracia”, señala el informe.
El Colectivo demanda a la comunidad internacional y a las instancias de derechos humanos, tanto del sistema regional como universal, que continúen monitoreando la situación del país, sobre todo este año que está marcado por las próximas elecciones, debido “a la incertidumbre, la represión y la impunidad”.
