Informe sobre Derechos Humanos en Nicaragua fue presentado por la ANPDH en Costa Rica

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Alonso Mejía-LNP. Las violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses por los aparatos represivos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cesan, denunció el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), Dr. Roberto Solórzano, durante la presentación del informe del organismo humanitario sobre el estado de los Derechos Humanos en Nicaragua, realizada el jueves 19 de noviembre en San José, Costa Rica.

La ANPDH realiza su labor humanitaria con los refugiados nicaragüenses en Costa Rica desde agosto de 2018, luego que su secretario ejecutivo, Dr. Álvaro Leiva Sánchez y otros directivos, partieron al exilio debido al acoso y amenazas a su integridad física de la que fueron objeto en Nicaragua.

“La ANPDH comunica a la sociedad nicaragüense en general, comunidad internacional, organismos de la Sociedad Civil y medios de comunicación nacional e internacional lo siguiente: Fue un año lleno de situaciones problemáticas inéditas que exigieron respuestas ágiles e innovadoras. Un año de supervivencia”, dijo el Dr. Solórzano.

Refirió que antes de la llegada del COVID-19 tuvieron una intensa agenda de acercamiento con el cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, que incluyó reuniones con los representantes de Alemania, Brasil, Reino Unido, Panamá, y con las embajadoras de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE).

“A principios del mes de marzo la ANPDH se reunió con funcionarios del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), para dar seguimiento y sincronización a las estadísticas de víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, sostuvo.

Afirmó que con el anuncio de los primeros casos positivos de COVID-19 y la declaratoria de emergencia nacional por parte del gobierno de Costa Rica, la asociación difundió una campaña sanitaria educativa acerca de cómo prevenir el contagio del virus y cómo proceder en caso de que los síntomas se hiciesen visibles, todo según las instrucciones de las autoridades sanitarias costarricenses.

“Durante el período de cuarentena obligatoria, mantuvimos como organismo de derechos humanos una permanente comunicación virtual con las autoridades costarricenses sobre todos los temas relacionados con la población nicaragüense migrante. Esta comunicación se estableció utilizando diferentes formatos virtuales para realizar seis foros humanitarios auspiciados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones de la sociedad civil que realizan labores sociales y humanitarias con migrantes nicaragüenses”, informó el presidente de la ANPDH.

La ANPDH también participó en el Foro Permanente Sobre Población Migrante y Refugiada, cuyos debates sirvieron de insumo para la formulación de políticas públicas sobre el tema migratorio, en un carácter de acción interinstitucional.

Entre otros, se abordaron temas como los seguros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la población migrante, a través del convenio ACNUR-CCSS. También se conversó sobre los centros hospitalarios que de manera gratuita atenderían a la población migrante afectada por el COVID-19 y sobre la línea telefónica de emergencia (1322), disponible las 24 horas del día para atención de emergencias relacionadas con la pandemia y consultas sobre los síntomas.

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS NO CESAN

“Durante todo el período 2020, la ANPDH se mantuvo atenta a todas las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega Murillo, dentro y fuera del territorio nacional. Estas violaciones fueron recogidas en continuos informes dirigidos a las misiones diplomáticas acreditadas en Costa Rica, a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos como la (CIDH), (OACNUDH); a Su Santidad, el Papa Francisco; al Senado y el Congreso de los Estados Unidos de los Estados Unidos de América; al presidente de los Estados Unidos de América, Sr. Donald Trump, así como a la Comisión Política y la de Derechos Humanos del Parlamento Europeo”, señaló el Dr. Solórzano.

Entre las principales violaciones recogidas figuran la actitud negligente del Gobierno frente a la pandemia del COVID-19, y con los migrantes nicaragüenses que regresaban al territorio nacional, procedentes de Panamá y Costa Rica, a quienes por varios días se les negó el derecho constitucional y humano de ser admitidos sin ningún tipo de impedimento.

ATAQUE A IGLESIA Y A PERIODISTAS

En su informe, la ANPDH destaca:

Violaciones contra la Iglesia Católica de Nicaragua reflejada en la profanación de templos, destrucción de imágenes sagradas, acoso, insultos y amenazas a sacerdotes y laicos, entre otras vejaciones a la dignidad humana y la integridad física de los religiosos.

Violaciones contra la libertad de prensa, de expresión y de libre acceso a la información pública (Incluyendo agresiones físicas a periodistas y comunicadores independientes).

Violaciones a los derechos humanos a presos políticos.

Violaciones a los derechos humanos a campesinos e invasión de colonos en territorios indígenas, crímenes y secuestros, con la complicidad del Gobierno de Nicaragua.

La ANPDH condenó el aumento de la escalada represiva del gobierno en contra de la prensa independiente, como la confiscación del Canal 12, el hostigamiento y acoso contra canal 10, Radio Corporación, el diario La Prensa y otros medios.

LOGROS

 

“Con satisfacción puedo afirmar que el acompañamiento y capacitación que brindó la ANPDH a los migrantes nicaragüenses, hasta obtener el estatus migratorio de “refugiado” en Costa Rica, abrió para ellos un mundo de oportunidades para desarrollarse plenamente en Costa Rica, su país de acogida. La condición migratoria adquirida les permite acceder a la Seguridad Social, como asegurados directos y con cobertura para sus cónyuges e hijos menores de edad; así mismo, pueden realizar todo tipo de trámites en el Sistema Bancario Nacional”, añadió.

Otro logro importante que enfatizó es el acceso a la educación y a los beneficios sociales que el Estado costarricense brinda a las familias con hijos menores de edad integrados al sistema educativo público; además, el acceso a créditos para ingresar a la educación superior privada y al crédito para vivienda.

“Durante el año 2020 logramos aprender a convivir con el COVID-19 sin necesidad de suspender nuestras actividades en pro de los migrantes nicaragüenses, tales como las de capacitación y asesoramiento legal para el proceso de solicitud de refugio. La virtualización de la atención y los servicios fue otra importante lección que nos permitió mantener nuestra actividad sin interrupciones”, sostuvo el Dr. Solórzano.

“Hemos logrado mantener y acrecentar nuestro trabajo humanitario a pesar de que la persecución del régimen dictatorial de los Ortega Murillo nos obligó al exilio hace ya dos años. Eso me hace sentir el deseo de expresar mi sincero agradecimiento al pueblo y gobierno de Costa Rica, sin cuyo apoyo y acogida fraterna, nuestro trabajo hubiese sido prácticamente imposible”, resaltó el presidente de la ANPDH.