Organizaciones de la sociedad civil coinciden en que debe haber un abordaje interinstitucional para regularizar a menores de edad
Elvis Martínez- San José, Costa Rica. La falta de un documento de residencia impide que miles de personas menores de edad que viven en Costa Rica gocen plenamente de sus derechos, según las conclusiones del “DIALOGO: Regularización de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes migrantes», celebrado en San José y en el cual participaron representantes de organizaciones civiles de derechos humanos y autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
El encuentro organizado el 19 de noviembre por el Comité de Adolescentes y Mujeres Jóvenes de la Asociación Enlaces Nicaragüenses Costa Rica con el apoyo del Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), generó un diálogo entre sociedad civil, adolescentes, jóvenes migrantes y autoridades de Gobierno, el cual sirvió para identificar las barreras que limitan la regulación e integración de las personas menores de edad en Costa Rica.
Las organizaciones participantes coincidieron en que es urgente iniciar acciones conjuntas entre las sociedad civil e instituciones públicas para garantizar los derechos de las personas menores de edad migrantes, derivados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.
Durante el encuentro funcionarios de gobierno y organizaciones civiles escucharon testimonios de adolescentes y jóvenes migrantes, quienes hicieron un llamado a los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua para coordinar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de sus derechos.
NO HAY ACCESO REAL PARA QUE MENORES PUEDAN REGULARIZARSE
Una de las principales problemáticas, indicaron, son los altos costos de los trámites migratorios para la regularización, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, así como las escasas acciones de los estados para regularizar a las niñas, niños y adolescentes que llevan años viviendo en Costa Rica.
Yelssin Membreño vive en Costa Rica desde los cuatro años, estudió la primaria y parte de la secundaria en el país. Ahora que tiene 17 años sus planes se podrían ver afectados porque no tiene un documento de identidad para continuar sus estudios. El es uno de los miles de niños afectados por esa situación.
“Hasta que ingresé a Enlaces Nicaragüenses me informé y preocupé a mis papás para documentarme, pero no me daba cuenta que el proceso iba a ser terrible. A muchos padres solo les alcanza para pagar agua y luz y lo que piden para documentarse en inalcanzable por el alto costo. Muchos adolescentes y jóvenes quisiéramos estar estudiando porque aquí vivimos y deseamos aportar al país”, afirma este joven quien espera regularizarse antes de que cumpla la mayoría de edad, ya que para entonces quedaría fuera de todo marco de protección.
“No hay un acceso real para que las personas menores de edad migrantes podamos regularizarnos, lo que afecta nuestras vidas, nuestras familias y nuestro futuro. Nuestras metas, nuestros sueños se ven obstaculizados porque los procesos para regularizarse no son accesibles. Tenemos derecho a tener un documento de identidad y es necesario flexibilizar los procesos”, manifestó Reyna Casco durante su testimonio.
PESE A PERTENECER A FAMILIAS BINACIONALES, NO GOZAN DE SUS PLENOS DERECHOS
Quxabel Cárdenas, directora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses Costa Rica, destacó que la situación de irregularidad afecta a cientos de familias binacionales, donde al menos dos menores son costarricenses y dos nicaragüenses.
“Pese a que los menores de edad tienen un soporte de protección dentro del marco legal internacional, a la hora de ingresar a la escuela, acceder a la atención médica o el hecho de tener libertad de movilización y de integrarse para gozar de a esa binacionalidad, se encuentran con situaciones que los pone en riesgo y vulnerabilidad”, dijo Cárdenas.
Durante el encuentro, funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) reconocieron que no existe un registro real de cuántos menores de edad están en situación irregular en el país y que es un problema al cual se le debe prestar mayor atención.
Rosibel Vargas, de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la DGM, indicó que la entidad inició un proceso de regularización de personas menores de edad y que se empezó trabajando con los que estaban bajo la protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), “niñas y niños que estaban en albergues y que, normalmente salen al cumplir la mayoría de edad”.
Hasta ahora, a través del protocolo se han regularizado a más de una veintena.
“A nosotros nos corresponde regularizar, pero no sabemos donde están los chicos. Están en la casa de los padres, en las escuelas, en los albergues o en la universidad”, dijo Vargas en referencia a la falta de un censo o base de datos que cuantifique la cantidad de menores en situación irregular.
SUBDIRECTOR DE MIGRACIÓN SOSTIENE QUE SIN REGULARIZACIÓN NO HAY INTEGRACIÓN
Costa Rica es el único país de Centroamérica que ofrece a las personas migrantes acceso a la educación en los tres niveles; primaria, secundaria y universitaria, de acuerdo con los “Hallazgos del estudio de línea base y desplazamiento de países miembros del SICA”, divulgado por ese organismo regional en 2019.
Según estadísticas del Ministerio de Educación Pública (MEP), sólo en primaria, hay más de 40 mil niños migrantes inscritos en los centros educativos del país. De allí que las organizaciones participantes plantearon que debe haber una coordinación interinstitucional con el MEP para empezar a regularizar a los menores de edad.
Daguer Hernández, subdirector de Migración y Extranjería, manifestó que “la regulación es lo que inicia la integración, y si no hay regularización no hay integración”.
“Desde la Dirección General de Migración y Extranjería nos llevamos retos para ampliar la posibilidad para que la niñez, adolescentes y jóvenes migrantes puedan accesar a una categoría migratoria. Incluso, parte de lo que nos plantea este foro es la necesidad de que las categorías migratorias sean ajustadas efectivamente a las necesidades de las personas menores de edad en la realidad actual. La Ley de Migración, vista desde esta amplitud con que se vio en el foro, tal vez no integra plenamente la posibilidad de que la niñez y juventud puedan ingresar a una categoría migratoria”, expresó Hernández.
Quxabel Cárdenas, reiteró el compromiso de la Asociación Enlaces Nicaragüenses Costa Rica y demás organizaciones de la sociedad civil para continuar con el abordaje de la regularización diferenciada para la niñez desde la primera infancia, “hasta que el diálogo se convierta en un tema nacional y conlleve a solucionar la situación de miles menores de edad en situación irregular”.
