Alonso Mejía-LNP.
Con las recientes sanciones de Estados Unidos y Canadá al presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, a la ministra de Salud, Sonia Castro; al ministro de Transporte, Óscar Mojica, y al director de Telcor, Orlando Castillo, ya son once funcionarios del gobierno de Daniel Ortega sancionados. Los motivos son los mismos: todos acusados de violación a los derechos humanos de los nicaragüenses y por actos de corrupción ejercidos desde sus altos cargos. Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados en Estados Unidos y Canadá o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses o canadienses.
Entre las personas sancionadas por los EEUU están la propia vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo Zambrana; el hijo de la pareja presidencial y dirigente de ProNicaragua, Laureano Ortega Murillo; el consuegro de Ortega y jefe de la Policía, Francisco Díaz; el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas; el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de la petrolera Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), Francisco López; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y el Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas.
Canadá sancionó a la vicepresidenta Murillo, a Laureano Ortega Murillo, a Gustavo Porras, a la ministra Sonia Castro González, a Orlando Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). También fueron sancionados Óscar Salvador Mojica Obregón, ministro de Transporte e Infraestructuras, Fidel Moreno, al director de la Policía Nacional Francisco Díaz Madriz, y a Néstor Moncada Lau, secretario privado de Ortega.
En un comunicado emitido el viernes 21 por la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, Estados Unidos informó de sanciones contra el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; el director de Telecomunicaciones y Correos, Orlando Castillo, y al ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, a quienes acusó de perseguir a los ciudadanos de su país, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y de negar atención médica en el marco de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018,y que ha dejado cientos de muertos y encarcelados y miles de exiliados.
PARLAMENTO EUROPEO TAMBIÉN ADVIERTE DE SANCIONES
Estados Unidos y el Parlamento Europeo sostienen que las sanciones penderán sobre Nicaragua hasta que el Gobierno respete los derechos humanos.
Canadá anunció este viernes la imposición de sanciones «en coordinación con Estados Unidos» a nueve dirigentes del Gobierno nicaragüense, entre ellos la esposa y el hijo del presidente Daniel Ortega, por las «flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos».
Las sanciones impuestas por Canadá a estos nueve nicaragüenses, congela sus activos en el país y prohíbe a individuos y empresas canadienses tener relaciones comerciales con ellos. Además, los nueve no pueden viajar a Canadá.
«Estas sanciones envían un claro mensaje al Gobierno de Nicaragua que las violaciones a los derechos humanos contra su población no serán tolerados», explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá en un comunicado.
«El Gobierno de Nicaragua debe responder por sus acciones y debe terminar la actual crisis con un diálogo real con los grupos de la oposición. Canadá seguirá respaldando al pueblo de Nicaragua y sus legítimas demandas de democracia y demanda de responsabilidades», dijo a la agencia EFE la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland.
